Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El Estado argentino firmará un acuerdo ante la Comisión Interamericana por el caso de un trabajador de Ford secuestrado en dictadura
Se trata de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reparación por los perjuicios sufridos por Pedro Norberto Troiani al ser secuestrado dentro de la empresa automotriz, torturado y luego despedido sin posibilidad de indemnización. Este acuerdo se propone tanto la reparación por la falta de justicia sufrida por Troiani, como una serie de acciones para el impulso de la agenda de responsabilidad empresarial en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina.
Publicado el martes 30 de noviembre de 2021 . Ministerio de Justicia y Derechos Humanos / Secretaría de Derechos Humanos
A fines de marzo de 1976, a pocos días del Golpe militar, Pedro Troiani, trabajador y delegado gremial de la empresa Ford Motor Argentina, fue detenido dentro de la fábrica junto a un grupo de compañeros. En los quinchos del mismo predio fue sometido a torturas y luego fue privado ilegalmente de su libertad hasta el 23 de mayo de 1977.
Mientras permanecía secuestrado fue despedido por la empresa, sin derecho a indemnización. Al recuperar su libertad se vio impedido de reclamar sus derechos por temor a represalias, ya que aún el país estaba en dictadura. Años más tarde, su reclamo en la justicia fue desestimado por entenderlo prescripto.
En 1992, Troiani denunció ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado argentino por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. En 2020, la Secretaría de Derechos Humanos inició un diálogo con Pedro Troiani y su abogado, con el objetivo de alcanzar una solución amistosa en el trámite internacional.
El 23 de marzo de 2021, la CIDH adoptó su Informe en el caso: determinó que el Estado argentino es responsable por haber negado su acceso a la justicia sobre los delitos denunciados. Y agrega que existió por parte de “autoridades y personal jerárquico de la empresa Ford, un aporte específico de información de los trabajadores a ser secuestrados”.
En ese Informe, la CIDH ordena al Estado argentino realizar una serie de acciones de reparación que fueron acordadas entre la Secretaría de Derechos Humanos y el propio Pedro Troiani, quien falleció el 1 de agosto de 2021, pero que participó del trabajo previo al acuerdo que se firmará finalmente mañana con la esposa e hijo del extrabajador de Ford.
Este acuerdo de cumplimiento implica un paso fundamental para marcar la importancia de la memoria, verdad y justicia respecto de la represión a trabajadores/as y sindicalistas durante la última dictadura en Argentina, así como de la responsabilidad de empresas y empresarios en articulación con las fuerzas armadas y seguridad, en estos procesos represivos. Este eje es una prioridad en el Plan estratégico de juicios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está llevando adelante un trabajo articulado de diversas áreas y equipos para el avance en esta problemática central.
La firma del acuerdo se realizará mañana, 1 de diciembre, a las 14h, en el Archivo Nacional de la Memoria, y participará el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la viuda de Pedro Troiani, Elsa Charlin de Troiani y Tomás Ojea Quintana, abogado de la familia. También estarán presentes integrantes del grupo de sobrevivientes de la causa “Ford” y sus allegados
LA CAUSA FORD
En 2018, Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex Gerente de Manufactura e integrante del directorio de la empresa Ford Motor Argentina, Pedro Müller, a 10 años de prisión, y al ex jefe de Seguridad, Héctor Sibilla, a 12 años de prisión por los secuestros y tormentos agravados de un grupo de trabajadores, entre quienes se encontraba Troiani, durante la última dictadura. En esa causa también fue condenado Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años de prisión.
Se trató de la primera condena a dos altos funcionarios de una empresa multinacional como partícipes necesarios en crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia.
