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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Relanzamiento del Programa “Uso Racional de la Fuerza”: Frederic se reunió con los organismos de Derechos Humanos

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La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic se reunió hoy con los organismos de Derechos Humanos como parte del relanzamiento del Programa “Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego” (PUFEAF). En el encuentro participó también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Publicado el miércoles 28 de julio de 2021· Ministerio de Seguridad

“Queríamos hacer esta reunión de relanzamiento de este Programa que fue creado en 2012 por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré. Nosotros, sobre finales de año pasado, decidimos relanzarlo introduciendo nuevas herramientas pensadas para la prevención de la violencia institucional. En ese sentido, las organizaciones de Derechos Humanos son actores fundamentales de este programa y creemos que deben ocupar un lugar activo, no externo, un lugar protagónico de asesoramiento y sugerencia permanente”, expresó Frederic al abrir la presentación del renovado Programa.

La primera versión del PUFEAF fue creada por la ex-ministra Nilda Garré, generando una política pública pionera en materia de monitoreo del uso de las armas de fuego por parte de las y los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales. Tras un marcado retroceso en la materia durante la gestión del Ministerio entre 2015 y 2019, Sabina Frederic decidió reimpulsar y reestructurar el Programa mediante Resolución Nº 377/2020. Allí la ministra resolvió recuperar y mantener los lineamientos generales de 2012 a la vez que fortalecerlo mediante la readecuación de los mismos en consonancia con la transversalidad entre áreas del ministerio y adaptándolo al nuevo organigrama del mismo.

Al respecto, Pietragalla sostuvo: “Celebro estas acciones. Son un primer paso para generar políticas que cuiden no solo a los ciudadanos sino también al personal de las fuerzas de seguridad. Cuando hablamos de construir una política contra la violencia institucional, también tenemos que construir una política y un cambio cultural”.

El Programa “Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego” establece la obligatoriedad de la comunicación de parte de las Fuerzas de Seguridad Federales al Ministerio de Seguridad de todo hecho que involucre el disparo de un arma de fuego en el que participe (como autor, víctima o en cualquier otra calidad de participación), personal de cualquiera de las cuatro fuerzas para su registro, análisis y abordaje institucional. En ese sentido, la información elaborada en el marco del Programa se utiliza para generar nuevos contenidos de formación y entrenamiento, mejorar las condiciones de equipamiento y bienestar, así como para perfeccionar los instrumentos de control en el marco del paradigma de uso racional de la fuerza.

“Cuando iniciamos la gestión nos encontramos un programa vacío, no había ningún tipo de intervención ante ningún evento en el que hubiera habido uso de armas de fuego. Fue así que empezamos a tejer el Programa con las áreas de Control y Transparencia Institucional; Formación y Carrera; Derechos, Bienestar y Género y la Dirección Nacional de Estadística Criminal, así como con las áreas pertinentes de las fuerzas federales. Estamos convencidos de que para la creación de este Programa es fundamental la experiencia cotidiana y el trabajo estadístico que nos brinda el registro de los hechos. De esta manera y por medio del análisis es que podemos implementar políticas públicas acordes a las necesidades de la seguridad en su sentido más amplio e integral”, indicó la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez.

En esa línea, la subsecretaria de Formación y Carrera, Karina Mouzo, explicó que se han ido delineando propuestas y actividades de formación y actualización vinculadas con el Modelo Operativo sobre Uso Racional de la Fuerza como estrategia contra la violencia institucional, uno de los ejes centrales de las políticas impulsadas por la ministra Sabina Frederic. Ese trabajo de formación y reentrenamiento ha posibilitado, por un lado, trabajar con las Fuerzas Federales, así como promoverlo y ofrecerlo a cada una de las jurisdicciones del país en el marco de los Consejos de Seguridad Interior. Efectivamente, el trabajo que se viene desarrollando con San Juan y La Pampa ha permitido ampliar los alcances de las capacitaciones y actualizaciones elaboradas desde 2020.

La directora nacional de Estadística Criminal, Ángela Oyhandy, brindó una presentación detallada del Programa: “La inclusión exhaustiva en el Programa de cada uno de los hechos no implica abrir juicio a priori sobre legalidad y/o legitimidad. Expresa la necesidad de examinar integralmente cada uno de los hechos y generar un corpus de información sobre los usos de las armas de fuego y sus contextos”, explicó. Tras ello describió las áreas que integran el Programa y las funciones de cada una de ellas. Así, Oyhandy mostró la vinculación que organiza el Programa entre la formación, el entrenamiento y las políticas de bienestar, a la vez que los mecanismos de legalidad y control institucional de modo de lograr un relevamiento para el análisis de la información que, además, es de acceso público.

La titular de la DNEC concluyó describiendo “Mientras trabajábamos en esta readecuación del Programa surgió la propuesta para crear un Comité de Ética Profesional, figura importante que nos ayudará a tener mejores hombres y mujeres de las fuerzas”. Al respecto, el subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves, explicó: “La creación de un Comité de Ética responde a una intención del Ministerio de poner en el debate y en el diálogo con la sociedad y con cada una de las Fuerzas un organismo capacitado para ir definiendo los lineamientos, principios, valores y contenidos de esa ética profesional policial”, manifestó Rosa Alves. Luego, el subsecretario explicó el trabajo que se viene haciendo en contra de la violencia institucional y las resoluciones que viene tomando el Ministerio ante hechos que dejarán de contar con la asistencia jurídica de parte de las fuerzas federales por constituir acciones que no pueden ni deben ser respaldadas de manera institucional.

Luego de las exposiciones, las y los representantes de los organismos expresaron sus consideraciones auspiciosas respecto del Programa, así como manifestaron inquietudes, sugerencias y consultas a partir de sus propias experiencias como organismos de protección y promoción de los Derechos Humanos y su trabajo constante contra la violencia institucional. Algunas de las figuras del Programa que se analizaron, fueron los controles externos, las normativas, el uso del arma fuera de servicio y el empleo abusivo de la fuerza.

En el encuentro, además de quienes expusieron, estuvieron presentes el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; la subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género, Sabrina Calandrón; y las directoras Nacionales de Formación y Entrenamiento, Alina Ríos, y de Ingreso y Carrera, Soledad Mangiavillano. Participaron del evento representantes de Abuelas de Plaza de Mayo; de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); de H.I.J.O.S. Capital; de la Correpi; de Madres en Lucha; de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil; del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; de la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios APDH Argentina; de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; de la Asociación Familiares de los 12 de la Santa Cruz; de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de la Comisión por la Memoria.

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