JEFATURA DE GABINETE
La Provincia de San Juan realiza la capacitación masiva y obligatoria en Ley Yolanda
Se está desarrollando el primer curso virtual autogestionado, implementado a través del INAP y con material del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.
Publicado el miércoles 27 de septiembre de 2023 – Jefatura de Gabinete de Ministros / Gestión y Empleo Público / Instituto Nacional de la Administración Pública – INAP / Plan Federal de Capacitación
La Ley Yolanda (Ley 27.592) garantiza la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Las jurisdicciones provinciales adhieren a esta ley y establecen la modalidad de cumplimiento. En esta oportunidad, a través del acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se trabajó junto con los equipos técnicos del INAP y de la Provincia de San Juan para disponer el curso que incorpora contenidos específicos sobre la situación provincial en materia de ambiente.
Los objetivos de la capacitación son reflexionar sobre las prácticas para confrontar las formas de intervenir, desde las políticas públicas, conforme a la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano y al abordaje integral e interdisciplinario que las problemáticas ambientales requieren, en los niveles de gobierno nacional, provincial y local; identificar y abordar problemáticas ambientales desde el pensamiento de la complejidad para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de territorios sustentables de vida; comprender la necesidad de adoptar políticas ambientales y de protección de los bienes comunes, que promuevan un paradigma económico-productivo que garantice la sustentabilidad de la vida en todas sus formas y fortalecer la convicción de que es una obligación constitucional y convencional de las y los funcionarios públicos de todos los Poderes y niveles del Estado, en el ámbito de sus competencias, respetar, garantizar y adoptar medidas para hacer efectivo el derecho humano al ambiente sano.
La primera edición del curso tiene más de 500 participantes y ya se encuentra abierta la inscripción para la segunda comisión que se iniciará el próximo 11 de octubre.
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